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Defender la Educación Especial en México: una tarea de todos.

*Redacción Educación Especial Hoy

La filosofía de la inclusión entendida desde su complejidad relacional y estructural, aplicada con sentido crítico en el ámbito de la educación pública de nuestro país, podría ser positiva en sí misma, ya que buscaría ir más allá de que el Estado reconozca y responda educativamente a sus diferentes poblaciones; es decir, de que su educación esté bajo el costo y conducción del sector público, a fin garantizarles este derecho humano fundamental.

El sentido crítico de la inclusión a la educación y en la educación, consiste, en identificar, estudiar y eliminar los diferentes dispositivos de dominación y opresión que obstaculizan la autodeterminación y el desarrollo singular de cada diferencia, pues de no ser así, de lo único que se pudiera hablar y discutir, sería de un mecanismo meramente técnico de absorción, donde cada vez más minorías fueran homogeneizadas legítimamente.

Ese mecanismo meramente de absorción, que poco, o nada tiene que ver con la noción “de educación inclusiva”, es llamado por Aldo Ocampo (2018) “fracaso cognitivo”, del que por lo menos, se identifican tres características que lo retratan:

a) La interpretación que hacen los investigadores de la noción respecto de la “educación inclusiva”, está erróneamente relacionada con sólo las formas epistémicas de la “educación especial”, obstaculizando así, la aproximación a su objeto deconstruccionista real; es decir: la inclusión NO ES un sustituto de la Educación Especial.

b) Expresa un conjunto de equívocos de interpretación sobre la comprensión del objetivo real de la “educación inclusiva”, haciendo énfasis en el adjetivo inclusivo, y como resultado de ello, se transfiere una carga semiológica que refuerza el equívoco de lo inclusivo como sinónimo de lo especial.

c) Como parte de los errores en la interpretación de los investigadores, se construye un mundo discursivamente diferente, al tiempo que, los problemas de discriminación, exclusión y marginación que se viven en la vida cotidiana, se agrandan y operan sobre estructuras desgastadas y afectadas por la crisis de representación.

El precepto de atención a la diversidad de la “educación inclusiva”, significa que los sistemas ponen en marcha diferentes estrategias y modos para que todos los grupos sociales, y cada persona en lo particular, además de tener acceso al sistema educativo -derecho a la educación-, encuentren en él, las formas y los apoyos para fortalecer sus identidades individuales y colectivas –derecho en la educación; y de este modo, con puntos de intercección, pero, con fronteras también bien delineadas, la educación toma distancia de ideas de estandarización, homogeneización, e imposición de culturas hegemónicas.

Así como una forma de concretar la inclusión para poblaciones originarias es la “Educación Indígena”, con la que se debieran fortalecer las colectividades, sus maneras de organización social y política, así como las construcciones del conocimiento no oxidentalizado; y, así como con la “Perspectiva de Género” se pretende incluir a hombres, mujeres y a todas las expresiones que retratan la diversidad sexual, y mediante la que se debieran romper las relaciones heteropatriarcales de poder; para concretar la inclusión en los casos de la población con discapacidad, se debe tomar en cuenta, transformar, ampliar e implementar la “Educación Especial”, cuya finalidad, sea garantizar la satisfacción de las necesidades específicas de aprendizaje de las y los estudiantes.

Hablamos entonces, de tres vertientes singulares o específicas que, con caminos y focos distintos buscan garantizar en el plano de lo real, el derecho a y en la educación desde la perspectiva inclusiva.

Sin embargo, algunos promotores de la inclusión en México, que se aventuran como los omnisapientes, ponen en evidencia sus “fracasos cognitivos” y su desconocimiento del tema de manera amplia, pues presentaron y avalaron propuestas relacionadas únicamente con las personas en situación de discapacidad; y peor aún, su reduccionismo les llevó a pensar que la Educación Especial es nada más la escolarización en espacios segregados, cuando en las realidades de nuestras escuelas de nivel básico no es así.

De este modo, con el impulso y apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), grupos empresariales, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, los diputados y senadores de la república,  aprobaron la “Reforma Educativa 2019” que retoma, muy, pero muy a la ligera, la noción de inclusión, y que de hecho, aplicando análisis del lenguaje o del discurso a lo aprobado, resulta más excluyente que si no estuviera.

Por un lado, en el inciso F de la Fracción II del artículo 3º Constitucional, se establece que la educación “será inclusiva”, limitando dicha cualidad a Accesibilidad, Ajustes Razonables y Medidas Específicas con el objetivo de eliminar Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP); y por el otro, en el decimoctavo transitorio del mismo artículo, se precisa que “la Educación Especial en sus diferentes modalidades se impartirá en situaciones excepcionales”.

Así, la vinculación de lo inclusivo con lo excepcional, presenta dos nociones que semánticamente resultan  irreconciliables entre sí, pues, si tomamos en cuenta que para la RAE, “inclusión” significa “ser parte o formar parte de”, y que para la misma fuente, la “excepción” significa “exceptuando algo o a alguien”, se legitimaron dos categorías valorativas de ciudadanos: los meritorios de ser parte del Sistema Educativo Nacional, y los que, por diversas circunstancias no lo merecen.  

Aquí es donde caben varios cuestionamientos que deben ser respondidos por el Poder Legislativo:

  • ¿Así queremos orientarnos hacia la “inclusión” y la “justicia social”?  
  • Si en palabras simples la inclusión nos hace pensar que para todos todo, y que por obviedad, ello no significa lo mismo ni del mismo modo, ¿De cara a qué estamos?,
  • Si A todos los estudiantes que requieren de la intervención de educación especial los tendremos que categorizar valorativamente como excepcionales, ¿No es esto más excluyente y marginal?
  • ¿La ignorancia de quienes promueven la “Educación Inclusiva” de este modo, será genuina? O hay alguna intención de fondo que ha sido maquillada con el discurso políticamente correcto de “respeto a los Derechos Humanos”.

La defensa de la “Educación Especial”, no es una lucha profesional por la conservación del empleo, como pregonan muchos para justificar su “fracaso cognitivo”, ni una resistencia al cambio en el estado de las cosas, porque de hecho, urge repensar y reorientar la operatividad actual de esta modalidad educativa, con todo y los espacios que ciertamente, pero razonadamente, son segregados y responden a determinadas necesidades.

La defensa de la Educación Especial, pretende abonar desde un enfoque de derechos, que todas y cada una de las personas con discapacidad ejerzan su educación en el plano de lo real, pues, no basta tenerlos en cualquier escuela para decir que están incluidos y que se garantiza su derecho; y tampoco es suficiente, la transformación de las infraestructuras físicas educativas con rampas y canaletas para los bastones, pues ello, se queda en el ámbito de la accesibilidad y beneficia sólo a personas con discapacidades visual o motriz.

El trabajo escolar y curricular para estudiantes con discapacidad, implica la consideración de múltiples diferencias y requerimientos a los que el sistema educativo debe responder: características físicas, procesos cognitivos, métodos de enseñanza especializada, interacciones contextuales, entre otras que cambian de acuerdo a cada discapacidad.

Y finalmente, por ética profesional, debemos tener en cuenta y evitar la injusticia a la que se someterán a las escuelas y a los maestros frente a grupo, que de por sí han sido puestos en condiciones aúlicas paupérrimas, y que en la obligación de recibir a todos los estudiantes que lo soliciten (lo cual no está mal y se apega al enfoque de derechos) sin el acompañamiento de equipos multidisciplinarios para un trabajo corresponsable, su trabajo será tremendamente más exigente y serán evaluados con mayor severidad.

La defensa de la Educación Especial, tampoco debería corresponder únicamente a los profesionales que nos formamos en ello, ni al sector de personas con discapacidad y sus familias, pues, este es un asunto transversal que impacta en todos los niveles educativos en su generalidad.

Pese a que urge repensarla y reorientar su operatividad para trabajar de manera articulada y de mejor forma, defender la Educación Especial, es un acto de justicia social y educativa.

Pensar críticamente los “enredos” genealógicos de la Educación Inclusiva. 1/2

*Redacción Educación Especial Hoy

La comprensión de la estructura teórica, epistemológica y metodológica de la Educación Inclusiva, inscribe un terreno complejo y contingente, caracterizada por una nebulosa que afecta a los modos de aproximación de su objeto. Tradicionalmente, sus fuerzas analíticas y formas condicionales, han sufrido un efecto de sujeción a través de los modos epistémicos tradicionales proporcionados por la Educación Especial, consecuencia teórica que deviene en un doble fracaso cognitivo.

1. Expresa un conjunto de equívocos de interpretación sobre la comprensión del objeto auténtico de la Educación Inclusiva, enfatizando en el adjetivo ‘inclusivo’. Producto de ello, se ha transferido una carga semiológica que enfatiza en lo inclusivo como expresión de lo especial, focalizando su atención, en la incorporación de colectivos históricamente excluidos de diversos planos de la vida social, política, cultural y escolar, a las mismas estructuras gobernadas por las diversas expresiones del poder, asumiendo de esta forma, el proceso de inclusión como un problema técnico -absorción de grupos minoritarios-.

A pesar de inscribir el objeto en lo inclusivo, se observa cómo a través de éste, se han movilizado mediante de sus marcos disciplinarios disponibles, la búsqueda de sistemas intelectuales que permitan resolver diversos problemas vinculados a la justicia social y educativa, cristalizando un campo de la vagancia epistemológica. En efecto, el problema se reduce a la incapacidad de vincular saberes y recursos metodológicos que permitan leer el presente, evitando pensar en términos dicotómicos y asegurando condiciones de vida más vivibles.

La Educación Inclusiva es un fenómeno y concepto estructural y relacional, mientras que, en términos objetuales, expresa un carácter abierto, ambivalente, intersticial y post-disciplinar. En este marco, la inclusión, no es otra cosa que, un complejo y esperanzador campo de transformaciones, específicamente, de la gramática -formato- social, política, económica, ciudadana y escolar.

La ubicación de su objeto erróneamente en lo inclusivo, ha restringido el potencial deconstruccionista y transformacional que reclama este enfoque. De ahí, su carácter macro-educativo.

La construcción del conocimiento de la Educación Inclusiva forja un pensamiento alternativo de las alternativas que busca la creación de nuevos modos de lectura e intervención en la realidad -requiere de este modo, garantizar el surgimiento de una pragmática epistemológica-, evitando reproducir implícitamente un conjunto de valores y contenidos intelectuales que confirman bajo toda perspectiva, aquello que no es la inclusión.

2. El segundo equívoco persistente en la construcción de su conocimiento, se debe a los errores de aproximación de los investigadores a su objeto, contribuyendo con ello, a construir un mundo discursivamente diferente, al tiempo que, pragmáticamente, los problemas educativos se agrandan y operan sobre estructuras desgastadas y afectadas por la crisis de representación. La especificidad de la Educación Inclusiva, releva la incapacidad de los modelos teóricos y sus elementos conceptuales para leer el presente y, en particular, abordar multidimensionalmente, los fenómenos que son capturados en este dispositivo.

De este modo, se requiere de la proposición de una nueva gramática como forma de pensar lo educativo. En suma, requiere de un nuevo vocabulario para enfrentar la tarea educativa en el siglo XXI.

La necesidad de una nueva gramática, queda definida en términos de comprensión de las obstrucciones y de los ejes de dislocación que enfrentan los modos tradicionales de definir el sentido de la Educación Inclusiva, evitando apoyarse en los supuestos analítico-metodológicos sobre los cuales fueron organizados sus ámbitos de sustentación que, en la actualidad, se emplean como errores en la construcción de su conocimiento. Su estatus de pre-construcción, demanda la elaboración de conceptos y categorías que permitan develar la autenticidad de dicho modelo, al tiempo que fomenten la emergencia de un terreno fértil para hacer florecer dichas ideas, principios y categorías.

De lo contrario, el estudio de las condiciones de producción no tiene mayor relevancia que en un ámbito netamente teórico. Su propósito, consiste en crear cuerpos de saberes que constituyan una alternativa de las alternativas, propendiendo a una pragmática epistemológica para intervenir en la realidad. Se requiere entonces, avanzar en la creación de conceptos que permitan leer desde otros lugares la realidad, permitiendo reconocer como se organizan las estrategias que participan en dicha transformación, así como la creación de nuevos mundos.

La Educación Inclusiva no posee una teoría, más bien, se articula ininteligiblemente a través de un conjunto de discursos, disciplinas e influencias de naturaleza heterogénea. Por esta razón, es posible afirmar que, no presenta una estructura teórica clara, sino que, opera a través de un conjunto de sistemas de reproducción implícita de marcos conceptuales con incidencias diseminales.

Su epistemología (Ocampo, 2017) expresa un funcionamiento diaspórico, diseminal, heterotópico y post-disciplinar. Es una expresión de la constelación, la plasticidad, la permeabilidad, el movimiento, la relación y el pensamiento del encuentro. Configura una disposición histórica específica de verdad, integrada por múltiples disciplinas, métodos, objetos, influencias, territorios, discursos, objetivos, etc.

La naturaleza diaspórica de la Educación Inclusiva, no sólo permite acceder a la comprensión de los ejes de dispersión de sus saberes articuladores, sino más bien, reconoce a través de una análisis multiaxial, diferentes legados y memorias epistémicas, procedentes de campos disciplinares y discursos de naturaleza heterogénea. Todo ello, permite concebir su campo de producción en términos de dispositivo performativo, compuesto por vínculos intensos y heterogéneos.

El enredo de genealogías, se concibe como hebras de diversa naturaleza que a partir de determinados puntos de emergencias analíticas, pueden entrecruzarse o bien, deslindarse y derivar hacia otros rumbos, teniendo en algún aspecto coincidencias y anudamientos en torno a su objeto. En el caso específico de la Educación Inclusiva, estas, remiten a la identificación de una multiplicidad de centros de emergencia que tienen lugar al interior de una determinada periodización y gramática intelectual; evidenciando estrategias de aperturación y dislocación, convirtiéndose en una oportunidad relevante en la transformación del saber.

La comprensión de los enredos genealógicos, permite preguntarnos acerca de la naturaleza y la tipología de conexiones que pueden ser establecidas entre diversas disciplinas, discursos, métodos, campos y geografías epistémicas que, a través de su actividad científica, coinciden en algún punto con el objeto de la Educación Inclusiva, al tiempo que develan su carácter trans-científico.

Pensar analítica y metodológicamente sobre su enredo de genealogías, supone concebir cada una de las disciplinas y discursos que confluyen y garantizan su conocimiento, como diferentes géneros en común. La confluencia de sus disciplinas, métodos, objetos, teorías, influencias, etc., nunca expresa un funcionamiento armónico.

Es un terreno que presenta un determinado tipo de confluencias, donde cada marco disciplinario expresa un estatus de singularidad.

Los enredos genealógicos, se caracterizan por generar un interés común entre diversos métodos, objetos, teorías, influencias, disciplinas y discursos, los cuales intersectan en un punto particular y reclaman condiciones de legibilidad, respecto de la autenticidad del fenómeno en el que confluyen. Los campos de confluencia por lo general, presentan características diferentes del objeto de ensamblamiento del que participan.

De esta forma, el espacio de confluencia queda definido por elementos de naturaleza heterogénea, propiedad de la yuxtaposición de diversas posiciones de saberes y recursos metodológicos, “donde lo permitido y lo prohibido se interrogan de forma perpetua; donde lo aceptado y lo transgresor se mezclan imperceptiblemente” (Brah, 2011, p.240). En este espacio se debaten los mecanismos de pertenencia, proximidad y lejanía.

Los enredos genealógicos como categoría analítico-conceptual, no sólo alcanzan su expresión a través del movimiento, la interconexión, los entrecruzamientos, sino más bien, por la migración, la dislocación, la transmigración de saberes, conceptos, teorías, métodos, influencias y sus mezclas, dando paso a la proliferación de un nuevo objeto y saber. El espacio diaspórico (Brah, 2011), o la diáspora epistémica (Ocampo, 2016b), determina las condiciones de interseccionalidad del saber y sus posibilidades de transmigración derivados de distintas fronteras del conocimiento, para explorar los movimientos de saberes más allá de una simple condición de migración de sus elementos.

El saber auténtico de la Educación Inclusiva, es un saber en permanente movimiento, forjando un saber del presente, cuyas fuerzas analíticas se orientan a la transformación de todos los campos de la Ciencia Educativa, específicamente, intentando develar sistemas intelectuales que permitan construir un pensamiento alternativo para pensar y problematizar las alternativas en lo educativo. Entre sus principales desafíos, se observa la necesidad de avanzar en la cristalización de nuevas formas de teorización crítica, así como, trabajar en la identificación de las tareas críticas, específicamente, en términos epistemológicos, políticos y éticos, que enfrenta la inclusión en tanto mecanismo de transformación de la educación para el siglo XXI.

Ésta, debe ser entendida como un simple devenir de la educación, pues, la racionalidad que moviliza no es otra cosa que sentar condiciones analíticas, metodológicas que permitan iniciar una praxis educativa basada en la construcción permanente de justicia social. En Suma, la Educación Inclusiva, debe ser entendida como la movilización de nuevas racionalidades para comprender el aprendizaje, los modos de habitar la escuela, la escolarización, aprender a identificar y a intervenir en los obstáculos complejos que atraviesan a una amplia y extensa multiplicidad de estudiantes, antes que articular su tarea en sistemas de enmarcamiento que sitúan su función en términos de un problema técnico.

En cuanto a la construcción de su conocimiento, la Educación Inclusiva, no se encuentra fija en ninguna disciplina, sino más bien, viaja y se moviliza por diversas disciplinas, métodos, objetos, teorías, influencias, etc., tomando lo mejor de cada campo, con el objeto de someterlo a traducción –crear condiciones de legibilidad respecto de la autenticidad del fenómeno en análisis-, es decir, crear condiciones de legibilidad sobre cada aporte, con el propósito de crear un nuevo saber y objeto de conocimiento. Dos demandas teóricas complejas y contingentes.

Si bien es cierto, la configuración de su campo de producción es conformada por un amplio espectro de aportes y transferencias disciplinarias, la fabricación de su saber recure a la experiencia migratoria, a los ejes de movilidad y desterritorialización, a la ecología de saberes, a la traducción científica y a la examinación topológica. Todos éstos elementos, permiten afirmar que, la Educación Inclusiva es una teoría sin disciplina, puesto que, organiza su actividad científica en los intersticios de las disciplinas, extrayendo lo mejor de ellas, sometiendo dichas extracciones a traducción, y posterior creación de sus saberes auténticos.

Más bien, su actividad científica se orienta hacia la movilización de las fronteras de las disciplinas, apelando a la ruptura/actualización de sus límites, evitando caer en radicalismos, e invitando a rescatar lo mejor de cada marco con el objeto de fabricar algo nuevo. La Educación Inclusiva no puede ser estudiada sin referir a la noción de red, concebida como metáfora clave en la construcción y análisis de conceptos científicos.

Foucault (1985) sostendrá que, la red es un mecanismo de conexión entre diversos puntos que son capturados en una misma espacialidad. Ella, en este marco analítico, comprende una asociación imaginaria basada en una malla, tejido, un conjunto de elementos entrelazados de manera reticular.

Las condiciones de producción de la Educación Inclusiva, no logran ser fecundas en la medida que no emerja un nuevo terreno que permita hacer florecer las ideas que ésta comprensión epistemológica se plantea. Supone un vínculo de relación y conectividad entre el pasado y el presente, sin embargo, bajo ningún punto de vista se convierte en una borradura de lo anterior -marcos disciplinarios heredados-, tampoco conduce a la adopción de apriorismos simplistas, dirigidos a describir los errores que en el pasado pudieron tener lugar.

Más bien, centra su actividad en la legibilidad de dichas contribuciones en el presente de cada fenómeno. No se propone crear la base de lo nuevo, que sólo reúna diversas actividades conceptuales, epistemológicas y metodológicas, sino que, además, produzca un nuevo saber y objeto a través de un conjunto de intercambios.

Resumen de:

Ocampo, A (2018). Educación inclusiva: una teoría sin disciplina. Legados y recuperación de los saberes diaspóricos para una epistemología heterotópica. Pp. 4 – 10.

Tomado de: https://www.researchgate.net/publication/330968533_Educacion_Inclusiva_una_teoria_sin_disciplina_Legados_y_recuperacion_de_los_saberes_diasporicos_para_una_epistemologia_heterotopica

La inclusión de estudiantes con discapacidad visual, al Sistema Educativo Nacional.

*Víctor Santos Catalán

Para hablar de educación inclusiva con claridad, es necesario comprender cuáles son las características políticas y sociales que retratan nuestras realidades, clarificar algunas de las diferencias entre integración escolar y educación inclusiva como políticas de atención a la diversidad, vislumbrar las vicisitudes que enfrenta la inclusión en la actualidad, las dimensiones de donde debe partir un proyecto político educativo de tal envergadura, así como los retos que ésta requiere superar para una atención a la diversidad que resulte pertinente.
Abordar en la actualidad la noción de inclusión, requiere estudiarla y comprenderla desde su constitución compleja, pues como antónimo del concepto de exclusión, necesariamente, nos lleva a reconocer que América Latina se caracteriza por tener sociedades muy desintegradas y fragmentadas debido a la persistencia de la pobreza y a la gran desigualdad en la distribución de los ingresos, lo cual ha generado altos índices de exclusión (Blanco Guijarro, 2006, p. 1).

Dichas características políticas, sociales y económicas, han generado enormes problemáticas en materia educativa en el ámbito general, así como en el ámbito específico de la Educación Especial. En consecuencia, durante la década de los noventa, México junto con otros países del continente americano comenzó a implementar una serie de reformas en el ámbito de la Educación Especial, así como en la educación en general. Con ellas, las naciones pretendieron lograr el acceso universal de su población infantil a la educación básica y, de la misma manera, intentaron disminuir las desigualdades educativas y sociales existentes.
Antes de que se hablara de educación inclusiva, la Integración Escolar en México, se orientó hacia la incorporación de alumnos o alumnas en las escuelas de “educación regular”. Ya sea desde un inicio, o por que se les derivó de un Centro de Atención Múltiple (CAM), en ambas situaciones el trabajo educativo se basaba en el currículo de Educación Básica.

Cabe señalar que en México, la mayoría de los servicios de Educación Especial antes de su reorientación (1992 a 1999), contaban con currículos diferenciados para responder a las necesidades específicas del alumnado. La acción integradora, entonces, se presentaba en el momento en que intervenía Educación Especial para que los alumnos o alumnas accedieran a la Educación Básica en las escuelas regulares (Guajardo, 2009, p. 18).
A diferencia del enfoque integrador, al pensar en “educación inclusiva”, las situaciones problemáticas son responsabilidad del sistema educativo y de las escuelas como sus espacios más concretos y no así del alumnado, por sus características físicas o cognitivas.

En ese sentido:

El progreso de los alumnos no depende sólo de sus características personales sino del tipo de oportunidades y apoyos que se les brindan o no se les brindan, por lo que el mismo alumno puede tener dificultades de aprendizaje y de participación en una escuela y no tenerlas en otra (Blanco, 2006, p. 5).

Para algún alumno en situación de discapacidad, así como con cualquier alumno, con o sin discapacidad, otorgarle las ayudas o apoyos que requiere para facilitar su proceso educativo y su autonomía, tiene que ver directamente con el movimiento de la inclusión. Como señala Blanco (2006), la educación inclusiva, “representa un impulso fundamental para avanzar hacia la educación para todos, porque aspira a hacer efectivo para toda la población el derecho a una educación de calidad” (p. 5).
De frente a lo anterior, se entiende que la educación inclusiva debe iniciar por el proyecto político pedagógico, que necesariamente, arrope a todas las personas o grupos que por la situación de desigualdad estructural estén en riesgo de ser discriminados, marginados y/o excluidos del Sistema Educativo. No obstante, esto supone un proceso gradual y con el que estén de acuerdo las escuelas para facilitar su desarrollo. Asimismo, “…la educación inclusiva está comprometida con la inclusión social” (García, 2006, p. 6).
El surgimiento del concepto de educación inclusiva, cobra sentido en el reconocimiento de que se trata de un valor social, que alude a un derecho inalienable de la persona, libre de disquisiciones técnicas como lo están elderecho a la vida o a la igualdad (Echeita y Homad, 2008, p. 1; Echeita, 2013, p.113).

No obstante, existen algunas barreras que obstaculizan su ejercicio pleno, y al comprender que la inclusión inicia como proyecto político-pedagógico, deben de
ser eliminadas de manera prioritaria. Tales barreras son:

a. Barreras políticas. Son las que se relacionan con leyes y normativas contradictorias al enfoque de la inclusión; y que por lo tanto, permiten la discriminación y/o la exclusión.

b. Barreras culturales. Son las que se relacionan con ideas y pensamientos que no fortalecen los valores de respeto, dignidad e igualdad; pero que, son difundidas a través de los Estados Nación mediante sus prácticas cotidianas.

c. Barreras didácticas. Son las que se refieren a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, con los que se determina qué aprender y cómo enseñar desde una perspectiva única (López como lo cita Cabero, 2009, pp. 66-68).

De acuerdo con la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), impulsada por México en el 2006, todas las personas con discapacidad tienen derecho a recibir educación en un contexto incluyente, lo cual, significa que es impartida por el Estado y que están a la disposición todos los recursos de infraestructura física, apoyos personales, técnicos, metodológicos y didácticos que se requieren para el ejercicio pleno de este derecho (ONU, 2007, artículo 24).

Así mismo, la Observación General n° 4 del Comité para los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, señala que cada sistema educativo debe formar a los maestros especialistas que den respuesta pertinente a las necesidades de las personas con discapacidad; y a su vez, precisa, que es el propio sistema quien capacita a todos los docentes como elementos básicos para contribuir a la inclusión (ONU, 2016).

Y finalmente, la Observación General n° 6 del mismo comité, reconoce que sólo con los derechos a la accesibilidad y a los ajustes razonables para la atención educativa de las personas con discapacidad, se corre el riesgo de no respetar los derechos a la diversidad y a la diferencia, por lo que incorpora el derecho a las medidas específicas (ONU, 2018).

Sin embargo, la eliminación de la Licenciatura en Educación Especial como espacio de formación de maestras y maestros especializados en la atención a la discapacidad, representa un fuerte contrasentido al enfoque de la inclusión, pues el diseño de la malla curricular de la Licenciatura en Inclusión Educativa, queda totalmente carente de los conocimientos y habilidades que requiere el maestro especialista para la atención de la población con discapacidad.
Los y las estudiantes con discapacidad visual en escuelas de Educación Básica requieren contar con estructuras físicas educativas que les permitan plena movilidad; con ajustes razonables como: libros de texto en Sistema Braille o amplificados, alertas y señaladores auditivos, así como tecnología adaptada para el uso de equipos de cómputo; pero también, requieren de personal especializado con elementos metodológicos y didácticos que les permitan acceder al aprendizaje, y que estén en la posibilidad de implementar proyectos de transformación comunitaria que promueva la inclusión y la justicia social.

Los elementos indispensables que se requieren para la inclusión de estudiantes con discapacidad visual en el Sistema Educativo Nacional desde el enfoque de la inclusión, y que no se encuentran presentes en el plan de estudios 2018 son:

  1. Conocimientos en estimulación temprana para potenciar los sentidos que
    nos permiten relacionarnos con el mundo.
  2. Conocimientos para la enseñanza de actividades para la vida diaria, lo
    cual, contribuye al cuidado de sí mismo y fortalece la autonomía en la vida
    cotidiana.
  3. Enseñanza de escritura y lectura en Sistema Braille integral y estenográfico, pues el mero conocimiento de éste, no brinda los elementos metodológicos necesarios para ejercer la docencia.
  4. Conocimientos técnicos, metodológicos y conceptuales para la enseñanza de la orientación y movilidad, es decir, para el uso del bastón blanco como herramienta para el desplazamiento.
  5. Conocimientos para la enseñanza del ábaco Kramer, con el cual, fortalece los procesos de consolidación del pensamiento matemático.
  6. Conocimientos para la enseñanza de tiflotecnología, con la que personas con discapacidad visual profunda, o en condición de ceguera, logran acceder al uso de las Tecnologías para la Información y la Comunicación.

Si el Sistema Educativo Nacional, no garantiza el aprendizaje, desarrollo y participación plena de las personas con discapacidad; estará violando su derecho a la educación y validando la exclusión y la discriminación escondidas detrás de un falso discurso de “respeto a los derechos humanos”.

Sobre el autor:

Víctor Santos Catalán, es Maestro en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y Licenciado en Educación Especial en el área de Discapacidad Visual por la Escuela Normal de Especialización (ENE) de la CDMX.

Débil visual de nacimiento, perdió la vista por completo entre los 19 y 20 años; miembro fundador del Colectivo Educación Especial Hoy, es orgulloso resultado de la Educación Especial y uno de sus más férreos defensores en México.

Estudió la Escuela Primaria en el Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales y tiene 1o años de experiencia como maestro en los diferentes servicios de Educación Especial en la CDMX.

Educación Inclusiva en México: muchas interrogantes y pocas respuestas.

*Redacción Educación Especial Hoy

La noción de inclusión que se ha introducido en muchas de las agendas internacionales y en sus sistemas educativos, pretende que cada uno de éstos garantice a grupos poblacionales que histórica y estructuralmente han sido invisibilizados, excluidos o vulnerados, el ejercicio pleno de su derecho a recibir educación.

Ello, quiere decir que la Educación Inclusiva es una cualidad fundamental y no un objetivo por alcanzar, y pensándolo así, son los Estados Nación quienes tienen que dar legítima cabida a estudiantes con discapacidad, indígenas, extranjeros, en situaciones de enfermedad y a otros.

Los sistemas educativos, son responsables de poner a disposición de estudiantes y sus familias las herramientas necesarias para que su tránsito por las escuelas cobre sentido de vida, lo cual implica tomar distancia de pretensiones economicistas que lo único que buscan es disminuir gastos y eficientar recursos.

En México, la Reforma Educativa 2019, estableció a la inclusión como uno de los principios fundamentales del Sistema Educativo Nacional; actualmente estamos en proceso de aprobación de las Leyes Reglamentarias en materia educativa, la discusión de la más importante de ellas, está planeada para el jueves 25 de julio.

La iniciativa presentada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), para la Ley General de Educación, reconoce específicamente en su Capítulo VIII a la inclusión como principio fundamental, abordando a la Educación Especial de manera ambigua y confusa, despertando señales de alerta.

Respecto a la inclusión de alumnos con discapacidad o con necesidades específicas de aprendizaje, antes de pensar en Educación Inclusiva, el Estado mexicano debe resolver muchos aspectos estructurales que son adversos en las vidas de dichos estudiantes.

Por ejemplo:

  • ¿Cómo hablar de inclusión cuando la mayoría de familias que tienen algún integrante con discapacidad no tiene el dinero mínimo para llevarle a la escuela de manera cotidiana?
  • ¿Cómo hablar de inclusión cuándo se excluye a las personas con discapacidad y a sus familias de la toma de decisiones y de la construcción de la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa?
  • ¿Cómo hablar de inclusión si el Gobierno Federal disminuye la matrícula los Centros de Atención Múltiple (CAM), y maestros especialistas, pero, a su vez, dona dinero y predios a fundaciones como TELETÓN?
  • ¿Cómo hablar de inclusión cuando se sigue entendiendo a la Educación Especial como segregadora y discriminatoria, y no como una disciplina fundamental para garantizar el aprendizaje y la participación plena de los alumnos con necesidades específicas de aprendizaje?
  • ¿Cómo hablar e inclusión cuando el único servicio educativo para personas con discapacidad a nivel medio superior (CAED), está en el abandono, al borde del colapso y no figura en las leyes educativas?
  • ¿Cómo hablar de inclusión si el titular de la SEP ha declarado que “no hay presupuesto para Educación Especial”?
  • ¿Cómo hablar de inclusión si la atención complementaria que requieren algunos estudiantes con discapacidad no es ofertada por el Sistema Educativo Nacional?
  • ¿Cómo hablar de inclusión si autoridades educativas y legisladores evidencian su reducida visión respecto a esta política?
  • ¿Cómo hablar de inclusión cuando muchas comunidades y pueblos aún no cuentan con escuelas o las que hay no cuentan con servicios básicos?
  • ¿Cómo hablar de inclusión cuando los enfoques en Educación Especial se han distanciado de aspectos terapéuticos que muchos estudiantes requieren?
  • ¿Cómo hablar de inclusión mientras se niegan las diferencias individuales y el modelo educativo se basa en la normalización de dichas diferencias?
  • ¿Cómo hablar de inclusión si la cantidad de niños y niñas dentro de las escuelas de Educación Básica rebasa los cuarenta estudiantes por grupo?
  • ¿Cómo hablar de inclusión si se dejó de formar maestros de Educación Especial?

Lo que corresponde a la Educación Especial en particular, es asumirse como una medida específica y una de las diferentes modalidades educativas desplegadas por el Estado para recibir y responder dignamente a los requerimientos de estudiantes con discapacidad; le corresponde resistir, exigir su fortalecimiento y que el Estado siga formando maestros capacitados para dar respuesta a las necesidades de aprendizaje de los alumnos.

Resulta utópico, carente de ética y excluyente en sí mismo, plantear que un solo docente es capaz de responder a la pluralidad de características de diferentes poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Formar Licenciados en Inclusión Educativa en lugar de licenciados en Educación Especial como ha decidido el Estado mexicano, se apega totalmente a intenciones economicistas donde es sólo una figura escolar la que se encarga de todo; sin embargo, esto resulta plenamente contradictorio con lo establecido en el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y en la Observación General N° 4 del Comité de Discapacidad de la ONU.

Para organismos mundiales y autores de talla internacional, la Inclusión Educativa primero y la Educación Inclusiva después, es una tarea compleja que requiere la participación de todas y cada una de las figuras que conforman los sistemas educativos, donde la corresponsabilidad es un principio básico de quienes intervienen.

Entiéndase entonces, que la inclusión no es tarea de unos pocos ni responsabilidad de uno solo, sino que desde campos específicos de acción y de manera articulada, nuestras tareas se entretejen como parte del todo.

Si el Estado mexicano quiere implementar de manera exitosa, una política como la INCLUSIÓN, debe dar cumplimiento a sus principios y postulados, debe responder a las preguntas arriba planteadas y asumir que las leyes, tratados, convenciones y normativas deben asumirse en su totalidad y no únicamente el contenido que resulta útil y conveniente a la administración en turno.

Discriminación escolar en México ¿Culpa del Estado o de las escuelas?.

*Víctor Santos Catalán

La obligatoriedad de la educación en México, significa que es el Estado el responsable de impartirla cumpliendo con los criterios de laicidad, gratuidad, universalidad e inclusión; este último, quiere decir que se garantizará a estudiantes y trabajadores, todo lo indispensable para llevar acabo el acto educativo en condiciones necesarias.

Cierto es, que ningún servidor público debe impedir que cualquier niño o niña con discapacidad ejerza su derecho a la educación en el lugar que sea de su preferencia, pues en automático, incurriría en un acto de discriminación; sin embargo, juzgar una escuela pública o a su equipo docente como si fuera una unidad autónoma del Sistema Educativo Nacional, resulta injusto para ella y de riesgo para las y los estudiantes.

En todo momento, debemos tomar en cuenta condiciones de infraestructura accesible o inaccesible, conformación de equipos multidisciplinarios, personal de apoyo necesario, protocolos de actuación en situaciones extraordinarias, características aúlicas, mobiliario adecuado y material didáctico que se requiere, ya que con ello en su conjunto, es posible brindar atención escolar y educativa de manera integral.

La ausencia de uno, varios o todos los aspectos mencionados, no es responsabilidad de la escuela en sí misma, pues para serlo, debería contar con mecanismos de autogestión, toma de decisiones independientes y recursos económicos propios; y sí, lo es del Sistema Educativo Nacional, quien, tiene que ocuparse de generar esas condiciones básicas para que estudiantes con discapacidad sean bien recibidos, y no sólo pasen a ser parte de la matrícula oficial.

Aceptar a estudiantes con discapacidad en escuelas a las que el Estado no les ha proporcionado recursos necesarios para responder a sus singularidades, en el plano de lo formal, aparenta la garantía del derecho a la educación; no obstante, en el plano de lo sustantivo, o en la vía de los hechos, se encontrarán latentes actos de discriminación, marginación o exclusión en los procesos de aprendizaje y participación educativa, escolar y social.

“Queremos inclusión y no simulación”

Las y los estudiantes con discapacidad, que de manera previa, o junto a las nociones de lectura, escritura y cálculo matemático solicitadas por los modelos educativos, requieren aprender otras habilidades, y que incluso pueden llegar a ser prioridad sobre lo instrumental, al igual que sus familias, deben de tener la garantía de que sus requerimientos encontrarán respuesta en el lugar donde eligieron inscribirse.

Es importante, pensar y repensar a quien nos referimos, o de quien debemos quejarnos, cuando nos encontremos de frente con situaciones de discriminación o de exclusión. Es fácil responsabilizar a directivos escolares y a equipos docentes de primera mano, pero, los invitamos a estudiar y analizar las situaciones de manera integral y compleja.

Cuando todas las condiciones están dadas de manera favorable, y lo que existe en realidad es una negativa personal, denunciemos al maestro, directivo o cualquier otro servidor público; no se trata de justificar ni solapar actos que atenten contra los derechos humanos; simplemente, se trata de darles el tratamiento justo, correcto y de que las cosas funcionen bien.            

Sobre “El cazo de Lorenzo” y la negación de la diferencia.

*Redacción Educación Especial Hoy

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A principios de este año, a raíz de una junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), se viralizó el video “El caso de Lorenzo”, como ejemplo de inclusión y aceptación de las personas con discapacidad.

Sin embargo, Víctor Santos Catalán, maestro de Educación Especial y persona con discapacidad visual (ceguera), manifestó una opinión contraria a la de la mayoría, expresándola en esta pequeña reflexión:

¡Ay Lorenzo, amigo mío!

Quiero comentarte que el viernes pasado nos presentaron tu video, y honestamente me quedé preocupado.
No sé si estés de acuerdo conmigo, pero me parece terrible que se difunda la idea de que tu circunstancia es una carga que hay que arrastrar y esconder; que sólo puedes relacionarte con alguna persona, que es cariñosa, amorosa y sensible; y que para estar visible en nuestro mundo, debes guardar tu diferencia en una bolsa.

¡Ay amigo! creo que esa no es la forma de colocarte en el lugar digno que mereces, pues nuevamente tú y tu diferencia fueron el problema.
Pienso que para ti amigo, sería de mayor utilidad que nosotros aprendiéramos a convivir contigo, aprendiéramos a respetarte y a quererte como eres, y que aprendiéramos a construir mundos donde tú y tu cazo estuvieran en paz como parte de la normalidad.

Afortunadamente no estuviste en mi consejo técnico, porque te ahorraste las expresiones humillantes: ¡pobrecito!, ¡qué feo estar así!, ¡ay sí amiga, que bueno que existen quienes los ayudan! 
Amigo, si tu sentir coincide con el mío, te pido disculpas en nombre de quien le correspondería hacerlo por presentarte con la intención que lo hizo.

Es a través de videos como este, que la Secretaría de Educación Pública (SEP), difunde entre los maestros, la visión de lo que hemos llamado “Inclusión a la mexicana”; una visión errónea y reducida, donde se niega a la diversidad humana y las diferencias individuales, se ignoran las necesidades educativas del sujeto y se impone una cultura donde cualquier persona que esté fuera del estandar de “normalidad”, no tiene cabida en la sociedad.

¿Tú qué opinas?

“Lo que el CONADIS se llevó, y lo que nos dejó”.

*Redacción Educación Especial Hoy

Adiós al CONADIS.

La desaparición del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), ya es un hecho. Este organismo, fue creado con el objeto de establecer la política pública para las personas con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida”.

Desde que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó una dura batalla en defensa de este organismo; el cual se va sin que se haya nombrado un titular y sin que las 50,000 firmas recabadas para pedir su permanencia fueran suficientes para salvarlo.

Diversas organizaciones, activistas, legisladores, periodistas, personas con discapacidad, familias y otros interesados en el tema, se han reunido, organizado y compactado para intentar generar un movimiento que lograra poner un alto al gobierno de la 4T y garantizara la permanencia del CONADIS o la creación de otro organismo con mayores facultades, autónomo e independiente.

El gobierno, no cedió. El CONADIS se va, y en su lugar quedará un Sistema de Atención a la Discapacidad, iniciativa que ya ha sido avalada por la Secretaría del Bienestar. Esto significa que la petición de autonomía e independencia, también fue ignorada.

¿A quién le afecta la desaparición del CONADIS?

Al grupo mencionado.

¿A quién le beneficia la permanencia del CONADIS?

Únicamente a ellos.

REFLEXIONEMOS SOBRE EL ASUNTO:

El 3 de mayo de 2008, entró en vigor la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; de acuerdo al Artículo 33 de la misma, México debe contar con un organismo gubernamental que asegure el cumplimiento de dicha convención, e incida en las políticas públicas en materia de discapacidad. Ese organismo era el CONADIS.

Artículo 33 de la Convención sobre mis Derechos de las Personas con Discapacidad.

Sin embargo, su incidencia e impacto en la calidad de vida de las personas con discapacidad han sido prácticamente nulos. Su desaparición pasará desapercibida y nadie salvo el grupo que lo defiende lo va a lamentar; la mayoría de las personas con discapacidad en México, seguirán viviendo de la misma manera, muchas de esas personas nunca oyeron hablar de ese organismo y nunca se beneficiaron de él.

Importante resaltar, que a pesar de que la CDPD fue una iniciativa del gobierno mexicano, nuestro país incumple con todos los artículos de la misma; esto quiere decir que el organismo encargado de velar por su cumplimiento, no ha hecho el trabajo para el que fue creado.

Si el CONADIS era inoperante e  indefendible ¿Por qué es tan importante para este grupo?

La respuesta es una: poder.

La existencia de un organismo como ese, les ha permitido posicionarse, imponer agendas políticas y asumirse como representantes de todas las personas con discapacidad. Una plataforma política de gran valor, que no querían perder.

Pero no nos equivoquemos, la desaparición del CONADIS, no desaparece el control y el poder de estas organizaciones “dueñas de la discapacidad y de las decisiones”; si no es ahí, buscarán los medios para seguir manteniendo el control, justo lo que están haciendo ahora.

¿Quienes son sus defensores?

Aparte de los ya mencionados: miembros del Movimiento Tres Doce, académicos e integrantes de la Asamblea Consultiva del CONADIS. Estos actores, se han unido para recabar firmas que sustenten una carta dirigida al presidente de la República y a otros funcionarios. El mensaje es el siguiente:

#InclusiónNoSoloPensión
Licenciado Andrés Manuel López Obrador,
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Los al menos siete millones de personas con discapacidad (PcD) que viven en México no tienen satisfechos sus derechos básicos.

Más de la mitad vive en la pobreza: 54% de acuerdo con el Consejo Nacional para Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL).

De cada 100 PcD, 55 no han completado la educación primaria.
En México son inexistentes las políticas que garanticen su derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidos en la comunidad.

Las personas sordas carecen de acceso a intérpretes certificados en lengua de señas mexicana, sólo hay 42 en el país.

Las PcD que viven en zonas rurales sufren condiciones de abandono extremo y marginación, consecuencia de la desigualdad y la discriminación múltiple por falta de acceso a salud, educación, vivienda, trabajo, justicia (Pronadis).

Estas desigualdades persisten por la falta de un marco institucional sólido que articule las acciones de todos los niveles de gobierno para hacer posible que las personas con discapacidad tengan una vida digna y acceso a todos sus derechos.

México, al firmar y ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), se comprometió a contar con un organismo de alto nivel encargado de hacer esto posible. En la Ley General para el desarrollo y la inclusión de personas con discapacidad vigente, este organismo es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS). En estos seis meses de su administración no se ha nombrado a una persona titular y sabemos que su gobierno analiza desaparecerlo.

Sabemos también, que está consciente de las necesidades apremiantes de las personas con discapacidad y de la importancia que sean incluidas al desarrollo; la agenda es un asunto de justicia social y es urgente cumplirla. Si bien el CONADIS hasta ahora no ha logrado cumplir el mandato para el cual fue diseñado, habría que mejorarlo, perfeccionarlo y no desaparecerlo. Por el contrario, proponemos colocarlo en la agenda de derechos humanos que impulsa su gobierno en lugar de limitarlo a una política de asistencia social.

Desde una visión de Derechos Humanos, la respuesta institucional para abatir el rezago debe ser echar a andar una serie de programas y acciones en todas las dependencias, nombrar a una persona responsable de coordinarlo, evaluarlo para medir resultados y que haya un compromiso desde la Presidencia para que se cumpla.

No solo la pobreza mantiene excluida a esta población, sino también la discriminación estructural por el solo hecho de tener una discapacidad. Si bien reconocemos que existe una partida presupuestal histórica para aliviar, en alguna medida, las condiciones de pobreza extrema de un millón de personas, es indispensable complementar esta acción con la articulación de políticas públicas para lograr que todos los mexicanos con discapacidad gocen de los mismos derechos y dejen de ser ciudadanos de segunda.

El 3 de mayo de 2019, la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Catalina Devandas Aguilar, envió una comunicación al gobierno mexicano expresando “su grave preocupación sobre el anuncio de la posible disolución del CONADIS”.

También manifestó que le preocupa lo siguiente: “(Que) el enfoque de derechos humanos que introduce la CDPD sea desplazado por un enfoque desactualizado, en donde las necesidades de las personas con discapacidad se quieran remediar de manera asistencialista y no a través de intervenciones públicas tendentes a eliminar las barreras sociales que limitan su participación plena”.

Por todo esto, lo urgimos, señor presidente, para que tome acciones en favor de millones de mexicanos con discapacidad y sus familias (al menos 25 millones) y que se implementen en el corto y mediano plazo.

Proponemos que, por intermedio de la secretaría de Gobernación, se instale una mesa de trabajo plural con organizaciones de y para personas con discapacidad, aliados y expertos para que entre todos contribuyamos a construir un organismo mediante el cual el Estado Mexicano cumpla sus obligaciones. Si no es CONADIS, definamos cuál sería este mecanismo.

La transformación del país que usted ha prometido no será posible sin las personas con discapacidad que han sido siempre excluidas y discriminadas. Una respuesta institucional desde los derechos humanos en este tema sería un legado histórico de su gobierno.

Atentamente,

“Nada de nosotros, sin nosotros”.

La misiva, puede percibirse como un genuino llamado a la democracia y al respeto a los Derechos Humanos, sin embargo, el que personajes involucrados en la violación de los mismos derechos que dicen defender y en la imposición de agendas políticas, respalden y difundan la iniciativa; despierta nuestras más profundas sospechas sobre la verdadera intención de la carta.

Sería erróneo afirmar que todos los integrantes del movimiento que lleva por nombre #Artículo 33, son malintencionados y tienen intereses particulares; sin embargo, su interés en los derechos humanos, los lleva a legitimar la propuesta del Movimiento Tres Doce y a facultarlos para seguir incidiendo y decidiendo en nombre de todos.

Dos de los miembros de nuestro colectivo, fueron invitados al grupo y a respaldar la iniciativa,el día de ayer fueron expulsados por manifestar la necesidad de denunciar la problemática educativa y la violación de los derechos de los alumnos con discapacidad que asisten a las escuelas públicas, cometida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), y su titular Esteban Moctezuma Barragán. Se les dijo que “ese no es el objetivo del grupo” y “no se puede forzar el apoyo a nuestra causa”. Una respuesta lamentable, de parte de aquellos que dicen defender los derechos de las personas con discapacidad.

Recordemos que el Movimiento Tres Doce, ha sido designado por la SEP para encabezar e implementar la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa; acción que pretenden realizar sin la participación de alumnos, padres de familia y maestros. A los docentes, les hizo llegar una serie de formatos a llenar de manera exprés y una “encuesta” de opinión con respuestas de opción múltiple, amañadas para legitimar la estrategia. Sin duda, esto será asumido como “consulta”.

Recordemos también que durante décadas, se ha percibido a la escuela pública y a sus maestros como meros operadores de las políticas educativas, que ejecutan y asumen las decisiones sin cuestionar y que no tienen derecho a opinar ni a participar en la construcción del modelo educativo en turno. Es momento de que esa situación cambie y de que la sociedad entienda, que maestros y alumnos también son sujetos de derechos que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar su ejercicio.

Ante esta situación, planteamos las siguientes preguntas:

¿Dónde quedan los alumnos con discapacidad y sus familias?

¿En qué momento se les va a preguntar su opinión?

¿Cómo justificará la SEP que se está violando su derecho a decidir y a participar de las decisiones que les afectan?

Seguimos esperando que el secretario de educación responda a estas y más interrogantes que no pueden ser ignoradas, y abra las mesas de diálogo a la participación de la comunidad de la escuela pública.

El CONADIS, ha guardado silencio ante la problemática educativa, y sus funcionarios han estado presentes en las mesas de trabajo realizadas en la SEP de manera privada. Otra evidencia de a quien ha servido en realidad este organismo.

En conclusión: respaldar la petición de #Artículo 33, es respaldar al Movimiento Tres Doce y empoderarlo para continuar con su plan de lucrar con la educación de las personas con discapacidad en México.

El colectivo Educación Especial Hoy, manifiesta su rechazo su iniciativa y exige el respeto irrestricto a todos los derechos de los alumnos de las escuelas públicas y sus familias.

También, manifestamos nuestro rechazo a las políticas asistencialistas de la actual administración, y exigimos la implementación de políticas públicas que realmente beneficien a las personas con discapacidad y les garanticen en acceso a una vida digna e independiente.

¡NUNCA MÁS, UN CAMBIO SIN NOSOTROS!

“LA EDUCACIÓN ESPECIAL: DE UN BIEN PÚBLICO, HACIA UN SERVICIO PRIVADO.”

Algunas de las Asociaciones de la Sociedad Civil que se agrupan en el Movimiento Tres Doce, organización a la que la SEP le ha entregado la Educación Especial en México.

*Este artículo fue publicado en nuestra página de Facebook el 21 de marzo de este año, al día de hoy, se ha confirmado la intención y el negocio detrás de los intentos de desaparecer a la Educación Especial.

En fechas recientes, ha cobrado fuerza la controversia respecto a que el Estado mexicano no debe impartir Educación Especial para las personas con discapacidad, pues ello, bajo algunas interpretaciones de los conceptos de inclusión y discriminación, es un acto excluyente que quebranta el derecho a la educación de esta población.

Sin embargo, aceptar la interpretación de que la inclusión significa que todos los estudiantes con discapacidad, sin importar sus condiciones particulares de vida, sean escolarizados en cualquier escuela para imponerles que aprendan lo mismo, lleva consigo, un peligroso deslizamiento que va de la responsabilidad federal hacia la adjudicación altruista o prosocial.

Es real, que frente a esa situación, todas las familias que tienen un integrante con discapacidad en edad de escolarización, y que cuyas necesidades educativas son más básicas que el aprendizaje de la lectura, la escritura, el cálculo y la solución de problemas, al no recibir atención pertinente en el Sistema Educativo Nacional, desertarán de él o se verán obligadas a buscar servicios alternos.

De este modo, las fundaciones, asociaciones civiles e Instituciones de Asistencia Privada contarán con el terreno más fértil para seguir cultivando y cosechando los frutos de “su bien intencionada lucha por los derechos de las personas con discapacidad”.

20 de marzo de 2019: el Movimiento Tres Doce entregó la propuesta “Acceso Efectivo a la Educación Inclusiva en México” al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

Veamos el camino:

Además de que el Sistema Educativo Nacional no reconoce muchas de las necesidades básicas de niños y niñas con discapacidad, ante la falta de escuelas con infraestructura adecuada, material didáctico concreto, mobiliario adaptado y de profesionales que realicen una intervención especializada; los estudiantes y sus familias, se verán en la obligación de buscar trabajos de terapia, rehabilitación y enseñanza específica fuera de la escuela, ¿Y dónde los van a encontrar? La alternativa sólo será una.

Como las escuelas públicas del nivel superior, a partir de este ciclo escolar (2018 – 2019) dejaron de formar a maestros en Educación Especial, dentro de pocos años, las únicas instituciones que se encarguen de este trabajo serán del sector privado; pues, parece que no es coincidencia que las universidades de TELETÓN cada vez son más y su oferta de formación más amplia.

De frente a la ausencia de maestros y maestras especialistas en discapacidad, los jardines de niños, escuelas primarias y secundarias, estarán en la obligación de conseguir cursos de capacitación que les brinden nociones elementales en este tema; y pese a que en el mejor de los casos, ellos sean ofertados por la misma Secretaría de Educación Pública, la institución tendrá que pagarle a fundaciones u organizaciones de la sociedad civil para que lo haga.

Pero además, como los maestros y maestras de Educación Básica serán los únicos responsables de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad, recurrirán al consumo de manuales, instructivos y compendios de estrategias de atención a…, y, ¿Por quienes van a ser elaborados? Nótese el creciente mercado por internet al respecto.

Y si a lo anterior le agregamos, que por lo menos un millón de personas con discapacidad recibirán una pensión aproximada a los $ 1200 mensuales, el terreno queda totalmente abonado.

Pareciera que beneficiar a un millón de personas con discapacidad son pocos, y sí, pero, sólo en relación con el total, porque un millón de personas con $1200 disponibles para gastar cada mes, da un total de mil doscientos millones de pesos, cantidad nada despreciable por ganar, aunque sea cada año.

*Al día de hoy, 7 de junio, las Escuelas Normales de Especialización de la CDMX, Veracruz y Oaxaca, han logrado el restablecimiento de la Licenciatura en Educación Especial, después de meses de lucha e imposición por parte de las autoridades.

El colectivo Educación Especial Hoy, mantiene su postura en defensa del derecho de todas las personas con discapacidad, a una educación pública, gratuita, equitativa y humana ¡NUNCA MÁS, UN CAMBIO SIN NOSOTROS!

HABLEMOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN (ENE) DE LA CDMX.

Una de nuestras primeras publicaciones en la que explicamos la problemática que dio origen al movimiento estudiantil de la ENE.

Un texto de Sabina Itzel Hermida Carrillo/ Cuidadora de personas con discapacidad y ex alumna disidente de la ENE.

El Comité Estudiantil de la ENE el 7 de enero de 2019, ese día el paro estudiantil se rompió de manera violenta ante la mirada indiferente de la directora de la institución y una representante de la DGENAM.

El 3 de octubre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional la modalidad de Educación Especial al considerar que “La exclusión de alumnos con discapacidad del sistema educativo general es discriminatoria”,esta disposición es resultado de la Reforma Educativa y la política de Inclusión Educativa que plantea que toda persona independientemente de su condición tiene derecho a recibir educación de calidad de manera igualitaria.

La disposición de la SCJN ha despertado diversas reacciones entre todos los actores involucrados en dicha modalidad educativa; los alumnos de la Escuela Normal de Especialización (ENE) mantienen un paro estudiantil desde hace más un mes como protesta a esta medida que termina de desmantelar el muy débil y resquebrajado proyecto de atención educativa a alumnos con discapacidad.

Cabe mencionar que la ENE fue la primera institución formadora de maestros especialistas que existió en México, a lo largo de sus más de 70 años de historia ha sufrido muchos cambios y reestructuraciones. Desde hace poco más de cinco años, se supo que la permanencia de la escuela y de Educación Especial estaba en riesgo, pero es ahora cuando el proyecto de desaparición se concreta a través de la transformación de la Licenciatura en Educación Especial en Licenciatura en Inclusión Educativa, eliminando las cuatro áreas de formación: auditiva y lenguaje, motriz, visual e intelectual, imponiendose un nuevo plan de estudios y malla curricular que establecen la misma formación para todos los alumnos.

Ingresé en 2011 a la ENE como alumna del área intelectual, en 2013 me involucré en el movimiento magisterial en contra de la Reforma Educativa y de la violencia ejercida en contra de la CNTE; desde ese entonces se sabía el cambio que venía y se advirtió de todas las formas a alumnos, maestros en servicio y otras personas involucradas en Educación Especial; se nos dijo hasta el cansancio que estábamos locos, que todo eran rumores y que ni la modalidad educativa ni la ENE sufrirían daño alguno. Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón…

Uno de los motivos del conflicto en la normal, es que los alumnos que ingresaron este ciclo escolar fueron víctimas de un engaño: la convocatoria salió para Licenciatura en Educación Especial en sus cuatro áreas de formación, ellos concursaron y al ingresar les comenzaron a impartir el nuevo plan de estudios y malla curricular que pretende formarlos como Licenciados en Inclusión Educativa ¿No es esto un fraude y un vil engaño de las autoridades educativas? ¿A quién culpar?

Las razones principales de la lucha que mantiene la comunidad estudiantil son las siguientes:

● La nula capacidad del sistema educativo nacional para implementar de forma correcta la política de inclusión; las escuelas no cuentan con la infraestructura, el personal ni las herramientas para atender a los alumnos con discapacidad u otros grupos vulnerables.
● La imposición del nuevo plan de estudios y malla curricular que desaparece la figura del maestro especialista; ahora serán Licenciados en Inclusión Educativa sin que se tenga claridad sobre sus verdaderas funciones y las oportunidades laborales que tendrán al titularse.
● El engaño del que fueron objeto los alumnos de nuevo ingreso, ahora en 1er semestre.
● Se deja de lado a aquellos educandos que, por su grado de dependencia, no cuentan con las herramientas ni capacidades para incluirse en un sistema regular; condenando a un extenso grupo de ellos a la deserción, el acoso escolar, el aislamiento y la marginación.
● La discriminación se acentúa al aplicar una política que en nuestro país únicamente obedece al objetivo de reducir al máximo el presupuesto destinado a la formación de grupos en situación de vulnerabilidad.
● La opacidad en la toma de decisiones y el sesgo informativo que mantiene a la comunidad estudiantil de la ENE, maestros en servicio, alumnos y padres de familia en constante incertidumbre sobre el futuro.
● La deplorable actuación de las autoridades de la Escuela Normal de Especialización (ENE) y la Dirección General de Escuelas Normales y Actualización del Magisterio (DGENAM) que han intentado acallar las voces de inconformidad a través de mentiras, amenazas veladas e intimidación a la comunidad estudiantil.

La lucha en defensa de la Educación Especial, no se limita a exigir la permanencia de las Normales de Especialización y de la licenciatura; es necesario destacar la importancia de esta modalidad educativa para toda la población de un país donde se estima que cada familia tiene al menos un miembro en situación de discapacidad o con alguna barrera para el aprendizaje.

Es de suma importancia que se genere un nuevo modelo de Educación Especial, basado en la diferencia y la diversidad; se debe brindar a los alumnos, las herramientas para su desarrollo integral y su independencia; la escuela inclusiva en el contexto del sistema educativo mexicano no dignifica al sujeto, lo vuelve más vulnerable y representa una barrera para su aprendizaje.

Tampoco es una protesta que deba llevarse a cabo únicamente por los alumnos de la ENE sino por todos los directa o indirectamente involucrados en la atención de personas con discapacidad; los familiares, cuidadores, maestros en servicio, autoridades educativas y todos los que tenemos contacto con este sector de la población debemos pelear esta batalla.
Sorprende el silencio y la apatía de las otras escuelas Normales de la CDMX, también sorprende la indiferencia de la mayoría de los maestros que laboran en esa institución y de los egresados.

Desde pesta plataforma, expresamos nuestro apoyo a la lucha en defensa de la Educación Especial y a los estudiantes de la ENE; hacemos un llamado a la comunidad a informarse y acercarse a ellos para conocer sus puntos de vista, demandas y perspectivas sobre este atropello planeado y ejecutado desde las más altas esferas del poder.

Cierro con un cuestionamiento que considero necesario plantear:

¿Qué es más discriminatorio: brindarle al alumno una atención especializada de acuerdo a su condición, o “incluirlo” en un aula regular dentro de una escuela que carece de las herramientas y el personal para proporcionarle una formación de calidad?

El día de ayer, viernes 31 de mayo de 2019, la ENE logró la eliminación del plan de estudios 2018 y el restablecimiento de la Licenciatura en Educación Especial.

Los estudiantes son el futuro de nuestro país ¡NUNCA MÁS, UN CAMBIO SIN NOSOTROS!

¡INCLUSIÓN CON TODAS SUS LETRAS!

La inclusión es un derecho de todos los seres humanos, es una política de Estado que debe aplicarse de manera transversal a todos los niveles.

La inclusión, no es exclusiva del Sistema Educativo Nacional ni puede ser asumida como pretexto para eliminar servicios, disciplinas y modalidades educativas como la Educación Especial.

La inclusión de las personas con discapacidad, comienza por escuchar sus voces, a sus familias e involucrarlos en la toma de decisiones que les afectan directamente.

¡Nunca más, un cambio sin nosotros!

Personas con discapacidad, familias y cuidadores que pertenecemos al colectivo Educación Especial Hoy, manifestamos nuestro rechazo a la imposición de agendas políticas, ideologías y desiciones tomadas por el Estado, la Secretaría de Educación Pública (SEP), grupos empresariales y Asociaciones de la Sociedad Civil que se asumen como representantes de todos sin habernos convocado, consultado e involucrado en dichas decisiones.

Manifestamos firmemente que ¡No nos representan!

La vulneración de derechos no puede continuar siendo la política del Estado en materia de discapacidad.