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Discriminación escolar en México ¿Culpa del Estado o de las escuelas?.

*Víctor Santos Catalán

La obligatoriedad de la educación en México, significa que es el Estado el responsable de impartirla cumpliendo con los criterios de laicidad, gratuidad, universalidad e inclusión; este último, quiere decir que se garantizará a estudiantes y trabajadores, todo lo indispensable para llevar acabo el acto educativo en condiciones necesarias.

Cierto es, que ningún servidor público debe impedir que cualquier niño o niña con discapacidad ejerza su derecho a la educación en el lugar que sea de su preferencia, pues en automático, incurriría en un acto de discriminación; sin embargo, juzgar una escuela pública o a su equipo docente como si fuera una unidad autónoma del Sistema Educativo Nacional, resulta injusto para ella y de riesgo para las y los estudiantes.

En todo momento, debemos tomar en cuenta condiciones de infraestructura accesible o inaccesible, conformación de equipos multidisciplinarios, personal de apoyo necesario, protocolos de actuación en situaciones extraordinarias, características aúlicas, mobiliario adecuado y material didáctico que se requiere, ya que con ello en su conjunto, es posible brindar atención escolar y educativa de manera integral.

La ausencia de uno, varios o todos los aspectos mencionados, no es responsabilidad de la escuela en sí misma, pues para serlo, debería contar con mecanismos de autogestión, toma de decisiones independientes y recursos económicos propios; y sí, lo es del Sistema Educativo Nacional, quien, tiene que ocuparse de generar esas condiciones básicas para que estudiantes con discapacidad sean bien recibidos, y no sólo pasen a ser parte de la matrícula oficial.

Aceptar a estudiantes con discapacidad en escuelas a las que el Estado no les ha proporcionado recursos necesarios para responder a sus singularidades, en el plano de lo formal, aparenta la garantía del derecho a la educación; no obstante, en el plano de lo sustantivo, o en la vía de los hechos, se encontrarán latentes actos de discriminación, marginación o exclusión en los procesos de aprendizaje y participación educativa, escolar y social.

“Queremos inclusión y no simulación”

Las y los estudiantes con discapacidad, que de manera previa, o junto a las nociones de lectura, escritura y cálculo matemático solicitadas por los modelos educativos, requieren aprender otras habilidades, y que incluso pueden llegar a ser prioridad sobre lo instrumental, al igual que sus familias, deben de tener la garantía de que sus requerimientos encontrarán respuesta en el lugar donde eligieron inscribirse.

Es importante, pensar y repensar a quien nos referimos, o de quien debemos quejarnos, cuando nos encontremos de frente con situaciones de discriminación o de exclusión. Es fácil responsabilizar a directivos escolares y a equipos docentes de primera mano, pero, los invitamos a estudiar y analizar las situaciones de manera integral y compleja.

Cuando todas las condiciones están dadas de manera favorable, y lo que existe en realidad es una negativa personal, denunciemos al maestro, directivo o cualquier otro servidor público; no se trata de justificar ni solapar actos que atenten contra los derechos humanos; simplemente, se trata de darles el tratamiento justo, correcto y de que las cosas funcionen bien.